El Gobierno nacional avanzará en las próximas horas con la publicación de un decreto que reestructura profundamente organismos clave como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y otros entes vinculados a la producción y la investigación. La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, responde a la emergencia pública declarada por la Ley Bases y busca reducir el tamaño del Estado y optimizar la gestión pública.

Según el texto del decreto, el INTA y el INTI perderán su carácter de organismos autárquicos y pasarán a ser unidades desconcentradas bajo la órbita de las Secretarías de Agricultura e Industria, respectivamente. Esto implica la pérdida de autonomía administrativa y financiera, así como la concentración del poder de decisión en un presidente designado por el Ejecutivo. Además, se eliminan representaciones universitarias y del sector agro en los directorios, lo que ha generado preocupación entre trabajadores y especialistas.

El decreto también dispone la eliminación de organismos como el INASE, encargado de la fiscalización de semillas, y el INAF, dedicado a la agricultura familiar, cuyas funciones serán absorbidas por el Ejecutivo. El INV, por su parte, será transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Agricultura, con un enfoque en la fiscalización documental y la reducción de cargas regulatorias.

La reestructuración afecta a más de 88.000 empleados públicos y contempla la reducción de presupuesto, despidos y cierre de sedes. Trabajadores de los organismos afectados han realizado protestas y movilizaciones, mientras que legisladores provinciales, como en Jujuy, han expresado su apoyo a los reclamos y su preocupación por el impacto en la producción regional y la investigación.

El Gobierno justifica la medida por el "sobredimensionamiento" y la "ineficiencia" detectada en auditorías, y sostiene que la reforma es necesaria para cumplir con los compromisos fiscales asumidos ante el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, sectores productivos y sindicales advierten sobre el riesgo de vaciamiento institucional y la pérdida de capacidades técnicas fundamentales para el desarrollo regional. El debate sobre el futuro de estos organismos y su rol en la economía argentina continúa abierto, en un contexto de ajuste y reformas estructurales.