La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que elimina el costo de 71 trámites administrativos, entre los que se destacan los vinculados a la obtención y renovación de la licencia de conducir. Esta medida, impulsada por el gobierno de Jorge Macri, busca reducir la burocracia y aliviar la carga económica tanto para los ciudadanos como para las pequeñas y medianas empresas.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, los estudios médicos, psicosensométricos y certificados de legalidad requeridos para tramitar la licencia de conducir serán completamente gratuitos. Hasta ahora, estos exámenes representaban una barrera económica significativa, con costos que podían superar los $14.000 por persona en el caso de estudios neuropsicológicos. Además, la gratuidad se extiende a la renovación de licencias de remises, trámite que tenía un costo de $28.719.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que la iniciativa busca "reducir y aliviar la carga monetaria a quienes invierten y generan nuevos puestos de trabajo" y facilitar el acceso a los trámites para emprendedores y comerciantes. Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, subrayó que "el 94% de los trámites de la Ciudad ya se encuentran digitalizados" y que la meta es alcanzar la digitalización total de aquellos que no requieran presencialidad.

La ley fue aprobada tras siete meses sin sesiones ordinarias en la Legislatura, en un contexto de fragmentación política que dificultó el avance de otros proyectos económicos. Sin embargo, la eliminación de aranceles en 71 trámites fue uno de los consensos alcanzados, beneficiando a un promedio de 2.200 vecinos por mes y a miles de pymes que gestionan licencias para sus empleados.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de simplificación administrativa, que ya eliminó 35 trámites considerados innecesarios y digitalizó 347 gestiones. El gobierno porteño espera que la gratuidad de estos trámites fomente la inclusión, agilice los procesos y permita a los ciudadanos y empresas destinar recursos a otras áreas.

Sectores empresariales y ciudadanos han valorado positivamente la medida, destacando el ahorro económico y la reducción de barreras burocráticas. Se prevé que la cantidad de licencias emitidas aumente y que la formalización laboral se vea favorecida. La iniciativa representa un paso más en la modernización de la administración pública porteña y en el apoyo a la economía local.