El triple crimen de Florencio Varela, que conmocionó a la provincia de Buenos Aires, ha entrado en una etapa judicial decisiva. Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una vivienda conocida como la "casa del horror". La investigación, que inicialmente se desarrolló en la justicia ordinaria de La Matanza, ahora está en proceso de ser transferida al fuero federal, tras la intervención del Juzgado Federal N°2 de Morón.

La causa, según el fiscal Adrián Arribas, está vinculada a una organización narco con ramificaciones en Perú y el Conurbano bonaerense. El móvil principal sería una venganza por el robo de una partida de cocaína, y se sospecha que las torturas previas al asesinato fueron transmitidas por videollamada a cómplices en el extranjero. Hasta el momento, hay al menos once detenidos, entre ellos presuntos líderes narcos como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias "Señor J", y Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", quien permanece detenido en Perú a la espera de extradición.

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara dictó prisión preventiva para los principales imputados y avaló el pase de la causa al fuero federal, argumentando la gravedad del caso y la conexidad entre homicidio y narcotráfico. Las declaraciones de los detenidos y testigos han sido fundamentales para reconstruir la mecánica del crimen, que incluyó el traslado engañado de las víctimas y la participación de varios miembros de la banda en la ejecución y ocultamiento de los cuerpos.

Sin embargo, el cambio de fuero ha generado preocupación entre las familias de las víctimas, quienes temen que la investigación de los homicidios quede relegada frente al enfoque en delitos federales. "Sabemos que si pasa al fuero federal, los homicidios van a quedar en la nada", advirtió Agostina Gutiérrez, hermana de una de las víctimas. El expediente podría llegar a la Corte Suprema si el Juzgado Federal rechaza la competencia, lo que prolongaría aún más la resolución del caso.

La investigación continúa con la búsqueda de prófugos, algunos con alerta roja de Interpol y conexiones en Perú y José C. Paz. El caso ha puesto en evidencia la penetración de bandas narco transnacionales en el Conurbano bonaerense y plantea desafíos para la justicia argentina en la persecución de delitos complejos y violentos.