El Gobierno nacional enfrenta una fuerte resistencia de los gobernadores provinciales ante el proyecto de reforma laboral que incluye modificaciones impositivas con impacto directo en la coparticipación federal. La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, propone reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades y eliminar impuestos internos sobre bienes como vehículos de lujo y servicios de telefonía, lo que generaría una merma significativa en los fondos que reciben las provincias.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal anual de la reducción en Ganancias alcanzaría los $1,9 billones, de los cuales $1,12 billones corresponderían a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba serían las jurisdicciones más afectadas por la caída de recursos. Además, la eliminación de impuestos internos, coparticipados desde 1996, profundizaría el recorte de fondos provinciales.

El senador Jorge Capitanich (Fuerza Patria) advirtió que la reforma "es, en realidad, una reforma tributaria encubierta" y sostuvo que los principales beneficiarios serían un pequeño grupo de grandes empresas. Capitanich estimó que el costo fiscal de la medida para las empresas rondaría los US$2.179 millones, mientras que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que la eliminación de impuestos internos representaría una pérdida de hasta US$548 millones anuales.

Desde el Gobierno, se argumenta que la reducción de impuestos busca mejorar la rentabilidad empresarial y estimular inversiones, aunque reconocen que el reparto de costos y beneficios genera tensiones en un contexto de caída de la actividad económica y menores ingresos provinciales. Las transferencias automáticas a las provincias crecieron solo un 1,7% real en 2025, cifra inferior a la de años anteriores, y el reparto ha favorecido a distritos aliados al oficialismo.

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, anticipó que las negociaciones con la oposición y los gobernadores continuarán en febrero, con la expectativa de que se introduzcan modificaciones al dictamen oficialista. El capítulo tributario, impuesto por el Ministerio de Economía, se perfila como el principal punto de conflicto en el debate legislativo. El desenlace de estas negociaciones será clave para el futuro de la reforma y la relación entre la Nación y las provincias.