Liberaron a tres de los detenidos por la agresión a la casa de Espert, pero la concejala de Quilmes seguirá presa
- Rechazan excarcelación de Eva Mieri, concejala de Quilmes, acusada de ataque a la casa de Espert. - Será trasladada a Ezeiza; otros implicados fueron liberados. - Debate político y denuncias de persecución judicial. #Justicia #Política 🇦🇷


La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido de excarcelación de Eva Mieri, concejala de Quilmes, acusada de participar en el escrache contra el diputado José Luis Espert. El hecho, ocurrido el 17 de junio en Beccar, involucró el lanzamiento de estiércol y la colocación de un pasacalle con amenazas en la vivienda del legislador. Según la investigación, Mieri habría utilizado una camioneta municipal y tapado la patente para evitar ser identificada.
La magistrada fundamentó su decisión en la existencia de riesgos procesales, argumentando que la libertad de Mieri podría entorpecer la investigación o facilitar la fuga. "En caso de recuperar la libertad, la imputada podría eludir la acción de la justicia y entorpecer la investigación", sostuvo Arroyo Salgado. La jueza también destacó que la pena en expectativa para los delitos imputados oscila entre tres y catorce años de prisión, lo que, sumado a la condición de funcionaria pública de Mieri, justificaría una eventual condena de cumplimiento efectivo.
Mientras tanto, otros implicados en la causa, como Aldana Muzzio, Iván Díaz Bianchi y Candelaria Montes Caté, fueron liberados bajo fianza, y Alexia Abaigar, funcionaria bonaerense, recibió prisión domiciliaria por razones de salud. Los liberados deberán cumplir estrictas restricciones judiciales, como no acercarse a Espert ni salir del país.
La decisión judicial generó fuertes críticas desde sectores del peronismo y organismos de derechos humanos, que denunciaron una supuesta persecución política y desproporción en la medida. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la consistencia de la causa y la calificación legal de los hechos. Cristina Kirchner y la intendenta Mayra Mendoza reclamaron públicamente la liberación de los militantes, mientras que desde la oposición y la Justicia se subrayó la gravedad de los hechos y la necesidad de investigar a fondo.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la prisión preventiva y la criminalización de la protesta política en Argentina. Además, se han presentado denuncias contra la jueza Arroyo Salgado por presunto mal desempeño, mientras la investigación judicial continúa en curso.
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