El sistema universitario argentino atraviesa una de sus mayores crisis en los últimos años, tras el anuncio de un paro nacional de docentes y no docentes universitarios que se extenderá del 16 al 22 de marzo. La medida, impulsada por gremios como CONADU, FEDUN y sindicatos no docentes, responde al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la urgente recomposición salarial, en un contexto de alta inflación y ajuste fiscal.

El conflicto se intensificó luego de que el Gobierno nacional suspendiera la aplicación de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso, y propusiera en su lugar aumentos salariales escalonados del 4,1% a partir de marzo de 2026. Según los gremios, esta oferta resulta insuficiente frente a la pérdida de hasta el 50% del poder adquisitivo que arrastran los trabajadores universitarios desde 2023. “Sin Ley de Financiamiento no hay Universidad Pública”, advirtieron en un comunicado conjunto las principales federaciones docentes y no docentes.

El paro, que podría extenderse hasta 22 días si no hay respuesta oficial, coincide con varios feriados nacionales, lo que agrava el impacto sobre el calendario académico. Universidades como la de Buenos Aires (UBA) y la de La Plata (UNLP) han declarado la emergencia salarial y advierten que peligra el inicio del cuatrimestre, así como la continuidad de actividades esenciales como la investigación y la atención en hospitales universitarios.

Silvina Martínez, directora de la carrera de Comunicación Social en la UNLPam, señaló que la crisis salarial ya provoca la renuncia de profesores jóvenes y pone en riesgo la calidad educativa. “No podemos fingir demencia y decir ‘bienvenidos ingresantes’ cuando la situación es insostenible”, afirmó. Por su parte, el Consejo Superior de la UBA solicitó la urgente actualización presupuestaria y judicializó el reclamo ante la falta de respuesta del Ejecutivo.

El Gobierno, por su parte, argumenta que la ley no prevé partidas presupuestarias suficientes y defiende su propuesta de aumentos escalonados. Sin embargo, los gremios advierten que, de no haber avances en la negociación, las medidas de fuerza podrían profundizarse, afectando a millones de estudiantes y trabajadores en todo el país.

El conflicto universitario se inscribe en un escenario más amplio de ajuste y tensión social, y podría derivar en nuevas protestas y una Marcha Federal Universitaria si no se alcanza una solución en los próximos días.