La Cámara de Diputados de la Nación Argentina convocó a audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que ha generado una fuerte controversia política y social. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional y respaldado por provincias mineras, busca modificar la actual normativa para permitir actividades productivas, como la minería, en glaciares y ambientes periglaciares que no sean considerados hídricamente relevantes.

Las audiencias públicas, programadas para el 25 y 26 de marzo, han despertado un inusitado interés: más de 8.000 personas y organizaciones se inscribieron para participar, según datos de la oposición. Cada expositor contará con cinco minutos para presentar su postura, en jornadas que combinarán exposiciones presenciales y virtuales. La masiva inscripción podría extender el debate mucho más allá de lo previsto, complicando los planes del oficialismo de aprobar la reforma en las próximas semanas.

El oficialismo accedió a la convocatoria de audiencias tras la presión de la oposición y en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que exige participación ciudadana y transparencia en decisiones ambientales. Sin embargo, persisten reclamos para que se publique el listado completo de inscriptos y se garantice la máxima participación federal, especialmente de comunidades afectadas por la posible modificación de la ley.

El debate enfrenta posturas encontradas. Mientras legisladores y referentes de provincias mineras defienden la reforma como una vía para promover inversiones y desarrollo económico, organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición la consideran "regresiva" y advierten sobre los riesgos para el sistema hídrico y el ambiente. "No solamente está en juego lo que son los glaciares y el ambiente periglaciar, sino también el recurso hídrico y los acuíferos", advirtió el diputado Maximiliano Ferraro.

La actual Ley de Glaciares prohíbe actividades extractivas en áreas protegidas, y su modificación responde a pedidos formales de las provincias integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre. El debate, que podría extenderse por semanas, refleja la tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental en la agenda pública argentina. El resultado de las audiencias y el posterior tratamiento legislativo serán clave para definir el futuro de los glaciares y los recursos hídricos del país.