El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar la formalización de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema bancario. El proyecto, defendido por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert, propone un cambio de paradigma en la relación entre el fisco y los contribuyentes, invirtiendo la carga de la prueba y estableciendo que "todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario".

Entre los puntos centrales de la propuesta se destaca el "blindaje" para los ahorristas que ingresen sus dólares al sistema, quienes no deberán justificar el origen de los fondos y quedarán protegidos ante futuras administraciones. Además, se elevan los montos mínimos para que se configure delito penal tributario, pasando de $1,5 millones a $100 millones en el caso de evasión simple, y se reduce el plazo de prescripción tributaria de cinco a tres años para quienes presenten sus declaraciones en término. También se crea un régimen simplificado de Ganancias para personas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones.

El Gobierno argumenta que la medida busca dejar atrás un "régimen persecutorio" y fomentar la inversión y el consumo, en un contexto de caída de la actividad económica y restricciones monetarias. "No son los argentinos los que están en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta desde hace décadas con los argentinos", afirmó Espert durante la presentación.

Sin embargo, la iniciativa generó fuertes críticas de la oposición y de gremios fiscales, que advierten que la flexibilización de controles favorece a evasores y podría dificultar la prevención de delitos como el lavado de dinero. "Esto busca un perdón significativo para quienes están siendo investigados por los organismos de fiscalización", sostuvo el diputado Carlos Heller. Desde la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Federico Ledesma advirtió que la eliminación de controles sobre escribanos podría facilitar operaciones ilícitas.

El debate parlamentario se anticipa intenso, con foco en el impacto sobre la recaudación, la transparencia y la potestad de las provincias en materia tributaria. El oficialismo sostiene que la medida es clave para reactivar la economía, mientras que la oposición la considera un riesgo para la equidad fiscal y la legalidad.