En medio de un creciente escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, reapareció en público durante un acto de capacitación de fiscales en La Matanza. El evento, organizado por La Libertad Avanza, congregó a más de 8.000 asistentes y se desarrolló en un contexto de acusaciones judiciales y filtración de audios que involucran directamente a la funcionaria.

Durante su discurso, Karina Milei evitó referirse de manera explícita al escándalo, pero remarcó: "Vinimos para que no roben más", en lo que fue interpretado como una postura firme contra la corrupción. La jornada contó con la presencia de dirigentes como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem y otros referentes del espacio libertario. Milei agradeció la masiva convocatoria y destacó la importancia de la fiscalización electoral para "defender la libertad" y "enfrentar al kirchnerismo".

El caso que sacude al gobierno se originó tras la difusión de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado de su cargo. En los audios, Spagnuolo menciona a Karina Milei como beneficiaria de un supuesto circuito de coimas, lo que derivó en una denuncia formal presentada por el abogado Gregorio Dalbón en los Tribunales de Comodoro Py. La denuncia incluye cargos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita, señalando a Karina y Javier Milei como beneficiarios directos del desvío de fondos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió de manera indirecta al escándalo a través de redes sociales, afirmando: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin". Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sugirió que la denuncia podría responder a una "maniobra política" en medio del debate por la emergencia en discapacidad.

La aparición pública de Karina Milei y su mensaje de unidad y lucha contra la corrupción marcan un posicionamiento claro del oficialismo ante la opinión pública, mientras la causa judicial avanza y la oposición exige transparencia y esclarecimiento. El caso se inscribe en un clima de alta tensión política y judicial, con implicancias directas en la campaña electoral y el debate sobre la gestión de fondos públicos.