El debate sobre la reforma laboral en Argentina se intensifica a medida que el gobierno de Javier Milei impulsa cambios en la legislación, argumentando la existencia de una supuesta "industria del juicio laboral" que, según el oficialismo, amenaza la competitividad y la viabilidad de las empresas. Sin embargo, estadísticas oficiales y análisis de entidades judiciales ponen en duda la magnitud del problema.

De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, la tasa de informalidad laboral en el país alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, mientras que la litigiosidad laboral se mantiene en niveles bajos: solo el 1,4% de los trabajadores en condiciones de demandar lo hizo en 2024. Entre 2014 y 2023, la Justicia Nacional del Trabajo dictó un promedio anual de 25.700 sentencias, equivalentes al 0,5% de la fuerza laboral formalizada en el AMBA.

No obstante, el sector privado y las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) advierten sobre una crisis sistémica. Proyecciones privadas estiman hasta 260.000 juicios laborales en 2025, con la mitad de los casos dirigidos contra las ART. "El nivel de crecimiento exponencial de la litigiosidad no se corresponde con la gestión del sistema ni las variables de actividad y empleo", señaló Mara Bettiol, titular de la Unión de ART. Además, la tasa de siniestralidad laboral bajó de 68 a 33 siniestros por mil trabajadores en los últimos veinte años, pero los juicios aumentaron de 1 a 13 por mil en el mismo período.

El informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y otros especialistas destacan que cerca de la mitad de las demandas por accidentes laborales se presentan fuera de plazo, pero son aceptadas por los juzgados provinciales. La falta de uniformidad en los criterios de peritajes médicos y en la actualización de montos judiciales genera incertidumbre y eleva los costos del sistema. Los gastos judiciales y administrativos consumen hasta un tercio de la alícuota de las ART, afectando su solvencia.

Frente a este escenario, el gobierno propone limitar los intereses en sentencias, establecer topes a honorarios legales y crear un fondo de cese laboral. El sector privado insiste en la necesidad de implementar cuerpos médicos forenses y unificar criterios judiciales para garantizar la objetividad y previsibilidad del sistema. Mientras tanto, la discusión sobre la verdadera dimensión de la "industria del juicio" sigue abierta, con posturas encontradas entre los actores involucrados y un impacto directo en el debate legislativo que se avecina.