La periodista Nancy Pazos protagonizó una protesta simbólica este miércoles al encadenarse y amordazarse frente al Congreso Nacional, en el marco del debate en el Senado sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La acción, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios, buscó llamar la atención sobre la posible derogación del Estatuto del Periodista, incluida en el proyecto de ley que también afecta a otros sectores como peluqueros y viajantes de comercio.

Durante la jornada, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios convocaron a una movilización frente al Congreso en rechazo a la iniciativa oficialista. Pazos, acompañada por la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Carla Gaudensi, expresó: “No se lucha por el gremio, sino por la democracia. El periodismo es la luz de la democracia”. Gaudensi, por su parte, advirtió que la derogación del estatuto profesional representa una afectación a la libertad de expresión y al derecho a la información, subrayando que más de 3.000 periodistas se verían afectados.

El debate en el Senado avanzó con el apoyo de legisladores de la UCR, el PRO y bloques federales, mientras en las inmediaciones del Congreso se multiplicaban las manifestaciones en contra del proyecto. La protesta de Pazos generó reacciones diversas: algunos colegas y figuras públicas la respaldaron, mientras que otros, como el conductor Mario Pergolini, la ridiculizaron en redes sociales. Panelistas de televisión también cuestionaron la autenticidad y el propósito de la acción.

El proyecto de reforma laboral contempla la derogación de leyes históricas que regulan condiciones laborales específicas, permitiendo acuerdos individuales y flexibilizando jornadas y descansos. La discusión sobre el futuro del periodismo y la protección de sus trabajadores se instaló en el centro del debate público, en un contexto de creciente polarización política y sindical.

A medida que el Senado se prepara para votar la reforma, el desenlace podría marcar un punto de inflexión en la regulación laboral argentina y en la relación entre el Estado, los medios y los trabajadores de prensa.