El 30 de enero, durante una reunión en la Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis, se registraron movimientos financieros millonarios en criptomonedas que han desatado una investigación judicial y política de alto perfil. Según registros de la plataforma Arkham y expertos en criptoactivos, una billetera vinculada a Davis transfirió US$499.000 a la plataforma Kraken exactamente a las 14:00, coincidiendo con el inicio del encuentro con Milei. Horas más tarde, la misma cuenta distribuyó más de US$3,4 millones a otras billeteras relacionadas con el empresario.

Estos movimientos ocurrieron en la antesala del lanzamiento del token $LIBRA, promocionado en redes por el propio Milei como una herramienta para financiar pymes argentinas. Sin embargo, tras un breve auge, el valor del token se desplomó, lo que derivó en denuncias de estafa y sospechas de lavado de dinero. La justicia federal argentina y la estadounidense investigan actualmente el caso, que también involucra a otros proyectos cripto de Davis, como $MELANIA, y a figuras del entorno presidencial.

En el plano judicial, Davis presentó un escrito en Nueva York donde sostiene que $LIBRA era una memecoin especulativa, sin valor intrínseco ni respaldo, contradiciendo la narrativa inicial de un proyecto productivo. Por su parte, Milei eliminó publicaciones sobre $LIBRA y se despegó del proyecto, argumentando desconocimiento de sus detalles.

El caso ha generado una fuerte disputa política en el Congreso argentino. La oposición denuncia que el oficialismo bloquea la comisión especial encargada de investigar el grado de involucramiento presidencial y exige su reactivación. Diputados de distintos bloques incluso viajaron a Estados Unidos para recabar información judicial relevante.

Mientras tanto, la justicia argentina avanza en la identificación de los destinatarios de las transferencias y en la posible conversión de criptoactivos a efectivo. El desenlace de la causa podría tener implicancias institucionales significativas, incluyendo la posibilidad de un juicio político si se confirma la obstrucción a la investigación.