La diputada provincial Cintia Gómez, del PRO, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza que propone eliminar el receso invernal, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad parlamentaria durante todo el mes de julio. La iniciativa, presentada justo antes del inicio del receso, busca que tanto la Cámara de Diputados como el Senado mantengan sesiones, reuniones de comisión y demás actividades legislativas habituales, alineando el trabajo parlamentario con el ritmo de la sociedad mendocina.

Gómez fundamentó su propuesta en la necesidad de adaptar las instituciones públicas a las demandas actuales de la ciudadanía. "El mendocino que trabaja, que produce, que tiene un comercio o que sostiene su familia no tiene vacaciones de invierno. La realidad no se detiene en julio, y la política tampoco debería hacerlo", expresó la legisladora. Además, señaló que los legisladores asumen sus funciones en mayo o noviembre y, a los pocos meses, acceden a recesos, lo que consideró un privilegio difícil de justificar ante la sociedad.

El receso invernal de la Legislatura, que dura aproximadamente dos semanas y coincide con el receso escolar, fue establecido por acuerdos paritarios hace más de una década y ratificado por la propia Legislatura. El proyecto de Gómez aclara que la eliminación del receso no implicaría la modificación de los derechos laborales del personal legislativo, quienes continuarían rigiéndose por la normativa vigente.

La propuesta generó reacciones encontradas. Desde el oficialismo, algunos legisladores calificaron la iniciativa como "populista" y defendieron el actual esquema, argumentando que la Legislatura mendocina es una de las que más sesiona en el país. Por su parte, representantes sindicales recordaron que el receso es un derecho adquirido y que siempre hay personal de guardia para mantener la actividad mínima.

El debate sobre la eliminación del receso invernal refleja una tensión entre la modernización institucional y la defensa de derechos laborales. Si bien la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la política y la sociedad, enfrenta resistencias tanto políticas como sindicales, y su viabilidad dependerá del consenso que logre en el recinto legislativo. El tema pone en discusión el equilibrio entre la eficiencia institucional y el respeto a los acuerdos laborales históricos, en un contexto de creciente demanda social por mayor compromiso y transparencia de los representantes públicos.