La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito, Neuquén, atraviesa una de las situaciones más críticas de su historia. La falta de presupuesto y el retraso en el envío de fondos por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) han generado una deuda superior a los 4.000 millones de pesos con la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), operadora de la planta. Esta crisis financiera ha provocado demoras en el pago de salarios, proveedores y servicios esenciales, como el transporte de personal, que se redujo drásticamente en los últimos días.

La planta, concebida en los años '80 como parte de un ambicioso plan nuclear argentino, lleva ocho años sin producir y actualmente opera con una dotación mínima de trabajadores. El contrato de conservación vigente vence el 30 de octubre, y no existe certeza sobre su renovación, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del activo. "No sabemos qué va a pasar el 1 de noviembre", expresó Daniel Sorasio, delegado de ATE en la PIAP, reflejando la preocupación de los empleados.

En respuesta a esta situación, trabajadores nucleados en ATE realizaron protestas y panfleteadas en la Casa de Gobierno de Neuquén y sobre la Ruta Nacional N°22, exigiendo la reactivación de la planta y una decisión política que garantice la inversión necesaria para su puesta a punto. El ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry, confirmó que la provincia está gestionando financiamiento y que se busca mantener el activo estratégico. "La CNEA es la propietaria del activo y tiene sus responsabilidades en la conservación de la planta; si no continúa esta conservación, este activo se deteriora", advirtió Etcheverry.

El próximo jueves 28 de agosto se realizará una reunión clave en Buenos Aires entre autoridades provinciales y nacionales, con el objetivo de resolver la disputa financiera y asegurar la continuidad de las operaciones. Mientras tanto, ENSI ha convocado a potenciales compradores de agua pesada, aprovechando el renovado interés internacional en este producto, tanto para aplicaciones nucleares como no nucleares.

La reactivación de la PIAP requeriría una inversión estimada en 60 millones de dólares y entre 18 y 24 meses para volver a producir. La demanda internacional de agua pesada ha crecido, impulsada por la transición energética y nuevas aplicaciones tecnológicas y medicinales. Sin embargo, la falta de definición política y financiera mantiene en vilo a los trabajadores y a la provincia, que considera a la planta un activo estratégico para el país. El desenlace de la reunión del 28 de agosto será determinante para el futuro de la PIAP y su rol en el mercado global.