La crisis en Lácteos Verónica, una de las principales empresas lácteas de Argentina, ha alcanzado un punto crítico, poniendo en riesgo 700 empleos y paralizando sus tres plantas en Santa Fe. Desde hace 15 días, los trabajadores mantienen una retención de tareas debido a la falta de pago completo de sus salarios y la retención de aportes sociales.

La empresa, que en su momento llegó a procesar 1 millón de litros de leche diarios, actualmente apenas alcanza los 200.000 litros. Esta caída en la producción refleja una crisis financiera que incluye una deuda de $9.000 millones y cheques rechazados por $344,5 millones. Según fuentes gremiales, los empleados han recibido solo un porcentaje de sus salarios, lo que ha generado una situación desesperante. "Estamos a la deriva, compañeros no tienen para comer", denunció Rodolfo Rodríguez, delegado de planta.

El conflicto también afecta la salud de los trabajadores, quienes enfrentan dificultades para acceder a tratamientos médicos debido a la retención de aportes sociales. Además, la competencia con productos importados, que son un 40% más baratos, y los costos de producción elevados agravan la situación.

La crisis en Lácteos Verónica no es nueva. En 2017, la empresa realizó un blanqueo de capitales millonario, pero desde entonces ha enfrentado problemas financieros y tensiones con el gremio ATILRA. Durante la pandemia, la firma logró un récord de producción y se puso al día con los sueldos, pero la situación volvió a deteriorarse en los últimos años.

Los trabajadores han solicitado la intervención del gobierno provincial para evitar la quiebra de la empresa, que tendría un impacto devastador en la economía local. "Si Lácteos Verónica quiebra, serán mil personas desamparadas", advirtió Rodríguez. Por ahora, las medidas de fuerza continúan y no hay perspectivas claras de solución.

La crisis en Lácteos Verónica es un reflejo de los problemas más amplios que enfrenta la industria láctea argentina, afectada por costos elevados, competencia internacional y falta de regulación. La situación exige una respuesta urgente para evitar consecuencias irreparables para los trabajadores y las comunidades locales.