El Congreso argentino se encuentra en el centro de un intenso debate tras la publicación de una serie de decretos que reorganizan las fuerzas federales de seguridad. Las normativas, firmadas por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, afectan a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, centralizando su control bajo el Ministerio de Seguridad.

La comisión bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior convocó a funcionarios del Gobierno para que expliquen el alcance de las reformas. Entre los cambios más controvertidos se encuentran la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial por hasta diez horas y la habilitación del ciberpatrullaje en redes sociales sin control judicial previo. Además, se crea un nuevo Departamento Federal de Investigaciones y se redefine la función de las fuerzas en el territorio nacional.

La oposición, encabezada por legisladores de Unión por la Patria y otros sectores, cuestiona la constitucionalidad de los decretos y denuncia que las reformas deberían haberse debatido en el Congreso. "Los decretos están viciados de inconstitucionalidad porque no cumplen con la base de la delegación legislativa que se fijó en la Ley Bases", advirtió la diputada Carolina Gaillard. Organismos de derechos humanos y expertos en seguridad también han expresado su preocupación por el aumento de la discrecionalidad policial y la falta de controles judiciales.

Desde el Gobierno, el director de Transformación Institucional, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, defendió la legalidad de las medidas y aseguró que "esto tiene que hacerse respetando todos los derechos y garantías y no tiene que ser motivo de persecución política". Sin embargo, reconoció que el uso de decretos no es el escenario ideal, pero se enmarca en las facultades delegadas por la Ley Bases.

El debate se produce en un contexto de tensiones políticas y sociales, con antecedentes de intentos de reforma y vacíos normativos tras el traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras la oposición busca derogar los decretos en el Congreso, el Gobierno insiste en la necesidad de modernizar y ordenar las fuerzas federales. El desenlace de este debate podría tener implicancias significativas para el futuro de la seguridad y el Estado de derecho en Argentina.