Un grave episodio de violencia se desató en la Escuela Primaria N°21 de Mar del Plata, luego de que se denunciara el presunto abuso de dos niñas de 6 y 7 años por parte de un alumno de 10 años. La denuncia, presentada por las madres de las menores, generó una reacción inmediata y masiva de la comunidad educativa y vecinos del barrio Jorge Newbery.

Durante el horario de salida escolar, decenas de padres se congregaron en la puerta del establecimiento para exigir explicaciones y retirar a sus hijos. La tensión escaló rápidamente, con manifestantes cortando calles y quemando neumáticos. Un grupo más violento se dirigió a la vivienda del menor acusado, ubicada en el barrio El Caribe, y la incendió por completo. A pesar de la gravedad del hecho, no se reportaron víctimas entre los habitantes de la casa.

En medio de los disturbios, algunos padres irrumpieron en la escuela, donde se produjeron agresiones físicas contra la directora y la madre del niño acusado. La policía intervino para custodiar el edificio y dispersar a los manifestantes, reteniendo a los alumnos por algunos minutos para garantizar su seguridad.

La situación llevó a los gremios docentes y municipales a anunciar un paro de 24 horas y una movilización para el miércoles, bajo el lema "No a la violencia en las escuelas". La convocatoria, respaldada por Suteba, ATE, FEB, Udocba y STM, busca visibilizar la necesidad de espacios educativos seguros y rechazar cualquier forma de violencia.

La fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, tomó intervención en el caso, aunque el menor acusado no es punible por su edad. Las víctimas reciben atención psicológica y profesional, mientras que el alumno señalado continuará sus estudios a distancia hasta que se esclarezcan los hechos.

Este episodio pone en evidencia la fragilidad en el abordaje de situaciones de abuso escolar y la capacidad de la comunidad para reaccionar de manera extrema ante hechos de esta naturaleza. Las autoridades judiciales y escolares manifestaron su asombro por la magnitud de la respuesta social, subrayando la importancia de garantizar la paz y la seguridad en los establecimientos educativos. El caso sigue bajo investigación y ha generado un profundo debate sobre la protección de los menores y el rol de las instituciones en la prevención de la violencia.