El transporte público de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una de sus crisis más profundas en los últimos años, con paros, reducción de frecuencias y un clima de tensión entre choferes, empresas y el Gobierno nacional. Desde el 9 de abril, varias líneas de colectivos implementan retención de tareas debido a la falta de pago de salarios, afectando a miles de usuarios que dependen del servicio para sus traslados diarios.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció la medida de fuerza tras denunciar demoras en el pago de haberes correspondientes al mes de marzo en distintas empresas del sector. "Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril", comunicó el gremio. Las líneas 333, 407, 437 y 707 se encuentran totalmente paralizadas, mientras que otras operan con frecuencias reducidas.

El conflicto se agrava por la situación financiera de las empresas, que reclaman una actualización urgente de los subsidios estatales ante el fuerte aumento del precio del gasoil, que subió un 20% tras la crisis en Medio Oriente. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el precio real del gasoil oscila entre $2.100 y $2.444 por litro, mientras que el Estado solo reconoce $1.750 en la estructura de costos, generando un déficit crítico. Además, las empresas denuncian deudas de subsidios correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, que suman alrededor de $150.000 millones entre Nación y provincia.

Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que los pagos de subsidios se realizaron en tiempo y forma, aunque reconoce la existencia de saldos pendientes. "El Estado Nacional cumplió con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios, se detectó una disminución en la cantidad de unidades en circulación", señalaron desde la Secretaría de Transporte.

En busca de una salida, el Gobierno convocó a una mesa técnica con representantes de las cámaras empresarias para analizar alternativas de reorganización del sistema y regularización de deudas. Las conversaciones continuarán la próxima semana, mientras persiste la incertidumbre sobre la normalización del servicio y la sostenibilidad del actual esquema de subsidios.

El conflicto pone en evidencia los desequilibrios estructurales del sistema de transporte y la necesidad de reformas profundas para garantizar un servicio eficiente y sustentable. El desenlace de las negociaciones será clave para definir el futuro del transporte público en el AMBA y su impacto en millones de usuarios.