La Justicia argentina avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete, tras la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada en noviembre de 2025, se concretó por un valor declarado de 230.000 dólares, cifra considerada por debajo del precio de mercado, que inicialmente era de 340.000 dólares según la inmobiliaria involucrada.

La compraventa se realizó con un adelanto de 30.000 dólares y el resto financiado por las vendedoras, dos jubiladas que, según los registros, no participaron activamente en la negociación. El trámite fue gestionado por sus hijos, quienes pusieron la propiedad a nombre de sus madres. La escribana Adriana Nechevenko, responsable de certificar la operación, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y presentó documentación adicional sobre las transacciones inmobiliarias de Adorni.

Nechevenko, que visitó la Casa Rosada en varias ocasiones, explicó que su función fue la de acercar a las partes y dar fe de la legalidad de los fondos, aunque reconoció que no está obligada a exigir documentación respaldatoria si los compradores declaran el origen lícito del dinero. La escribana también intervino en la compra de una casa en un country, financiada mediante la hipoteca de otra propiedad de Adorni.

El caso se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y ha puesto bajo la lupa una cadena de operaciones inmobiliarias y créditos que superan los 300.000 dólares. Mientras la Justicia intenta esclarecer el origen de los fondos y la legalidad de las operaciones, el caso ha generado un fuerte impacto mediático y político, con declaraciones cruzadas y la expectativa de nuevas revelaciones en el expediente.