Una explosión en un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, provocó un incendio de gran magnitud que dejó a un joven gravemente herido y a decenas de familias afectadas. El siniestro ocurrió el miércoles 25 de marzo, cuando una falla eléctrica habría desencadenado la explosión en el depósito, que operaba sin habilitación oficial.

Thiago, un joven de 18 años, fue una de las víctimas más graves. Según relataron familiares y fuentes médicas, una garrafa salió despedida por la explosión e impactó en su cabeza mientras se encontraba en su casa, a unos 70 metros del depósito. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Eva Perón, donde fue intervenido quirúrgicamente por un hundimiento de cráneo y permanece en estado crítico, bajo coma farmacológico y asistencia ventilatoria.

El impacto de la explosión fue devastador para el barrio. Siete familias perdieron sus viviendas por completo y otras diez sufrieron daños parciales. Muchos vecinos pasaron la noche a la intemperie, temiendo tanto por la inseguridad como por el riesgo de nuevos derrumbes. Defensa Civil evacuó a unas 60 personas y organizó su alojamiento transitorio en el club barrial La Tapera, mientras el municipio y la provincia coordinan la entrega de alimentos, colchones y materiales de construcción.

El dueño del depósito, Oscar Benítez, fue detenido e imputado por "explosión e incendio agravado por poner en peligro de muerte a terceros cometido mediando dolo eventual". Según la investigación, el depósito funcionaba de manera clandestina y ya había sido escenario de explosiones previas, según denuncias de los vecinos. "Hace años pasó exactamente lo mismo y nunca nos escucharon", declaró la madre de Thiago, visiblemente afectada.

El hecho reavivó el reclamo de los vecinos por la falta de controles y la inacción de las autoridades municipales. Muchos relataron que las denuncias por olor a gas y actividades irregulares eran habituales, pero no recibieron respuestas. La justicia avanza en la investigación para determinar las responsabilidades penales y administrativas, mientras la comunidad exige soluciones urgentes para evitar nuevas tragedias en la zona.