En Mendoza, la polémica por la retirada de celulares en las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe ha escalado a un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Gobierno provincial. La controversia comenzó cuando el juez Sebastián Sarmiento suspendió la medida de retiro de celulares, argumentando que no se garantizaba el derecho a la comunicación de los internos, conforme a estándares internacionales de derechos humanos. Según Sarmiento, el Servicio Penitenciario no cumplía con la proporción mínima de un dispositivo de comunicación por cada 200 internos, lo que motivó su decisión de aceptar un hábeas corpus colectivo presentado por los presos.

Sin embargo, esta resolución generó una fuerte reacción del Gobierno provincial. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentó un recurso de apelación al día siguiente, acusando al juez de extralimitarse en sus funciones y desatender una sentencia previa de la Corte Suprema de Mendoza. Además, el Ejecutivo provincial comenzó a evaluar la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento contra Sarmiento, no solo por este caso, sino también por otros fallos controvertidos en su historial.

El lunes, el juez Sarmiento decidió apartarse de la causa, citando que el impacto mediático y político del caso podría afectar la percepción de su imparcialidad. Su reemplazante, el juez Juan Manuel Pina, aceptó la apelación del Servicio Penitenciario y revirtió la suspensión, permitiendo que se reanudara el retiro de celulares en las cárceles.

El Gobierno provincial ha defendido la medida, argumentando que los celulares en las cárceles son utilizados para cometer delitos como estafas y extorsiones. "No es un capricho retirar los celulares; es una medida necesaria para garantizar la seguridad pública", afirmó el procurador de la Corte, Alejandro Gullé. Por otro lado, organismos de derechos humanos han criticado la decisión, señalando que podría vulnerar el derecho a la comunicación de los internos.

En paralelo, la ministra Rus denunció a un abogado identificado como Santiago Nieto por instigar a los presos a no entregar sus celulares, calificando su conducta como "irresponsable y temeraria". Según la denuncia, Nieto habría difundido un audio entre los internos, alentándolos a resistir la medida.

Este caso pone de manifiesto las tensiones entre los derechos individuales de los internos y las políticas de seguridad pública. Mientras el Gobierno provincial insiste en la necesidad de retirar los celulares para prevenir delitos, los defensores de derechos humanos subrayan la importancia de garantizar condiciones mínimas de comunicación en las cárceles. La resolución final de este conflicto podría sentar un precedente significativo para la gestión penitenciaria en Mendoza y en otras provincias argentinas.