En el marco de la reforma migratoria nacional impulsada por el gobierno de Javier Milei, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció este lunes que su provincia revisará los planes sociales otorgados por Ansés a ciudadanos extranjeros que no residan en el país. La medida, según Sáenz, busca "defender los intereses de los argentinos" y ha sido respaldada por el presidente y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del gobernador, se enmarca en una serie de acciones que buscan endurecer las políticas migratorias en Argentina. Sáenz destacó que Salta, al ser una provincia con pasos internacionales, enfrenta desafíos específicos en materia migratoria. "Desde que asumí como gobernador, venimos reclamando una revisión de las políticas en la frontera", afirmó.

La reforma migratoria nacional incluye medidas como la agilización de procesos de expulsión para extranjeros con antecedentes penales, controles más estrictos sobre documentación y la exigencia de declaraciones juradas al ingresar al país. Además, se permitirá que las universidades públicas cobren retribuciones económicas a estudiantes extranjeros sin residencia permanente.

Salta, que limita con Bolivia y Paraguay, cuenta con pasos fronterizos de alta circulación como Salvador Mazza y Aguas Blancas. Las autoridades provinciales han expresado en diversas ocasiones su preocupación por el uso de servicios sociales por parte de personas que no residen de forma permanente en el país.

El gobernador Sáenz celebró el endurecimiento de la política migratoria nacional, afirmando que las medidas representan "un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos". Por su parte, el presidente Milei y la ministra Bullrich compartieron el mensaje en sus redes sociales, mostrando su apoyo a la iniciativa.

Sin embargo, las medidas han generado críticas por parte de organizaciones de migrantes y académicos, quienes cuestionan su constitucionalidad y su impacto en los derechos de los extranjeros. Según un grupo de investigadores del Conicet, el Decreto 366/2025 "restringe derechos que la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes".

En el ámbito educativo, el decreto establece que las universidades públicas podrán fijar retribuciones económicas para estudiantes extranjeros sin residencia permanente, lo que podría afectar el acceso a la educación superior.

La reforma migratoria y las medidas adoptadas por Salta representan un cambio significativo en la política migratoria argentina, con implicaciones sociales, económicas y políticas que continúan generando debate. Mientras algunos ven estas acciones como una defensa de los intereses nacionales, otros las consideran restrictivas y discriminatorias. El impacto de estas medidas en el flujo migratorio y en el acceso a servicios sociales y educativos será un tema clave en los próximos meses.