Thiago Florentín, el joven de 22 años detenido tras los incidentes ocurridos durante la caravana de campaña del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, fue procesado por el delito de atentado contra la autoridad e instigación a la violencia colectiva. Sin embargo, el juez federal subrogante Luis Armella dispuso su liberación sin prisión preventiva, aunque le impuso un embargo de un millón de pesos y la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.

El episodio tuvo lugar el pasado 27 de agosto, cuando la comitiva presidencial fue atacada con objetos contundentes durante un acto en el centro de Lomas de Zamora. Según la acusación, Florentín fue identificado en el lugar con una piedra en la mano, aunque en su declaración negó haber participado en la agresión y aseguró que asistió a la protesta como parte de una organización social y a cambio de un bolsón de comida.

Fuentes judiciales confirmaron que no se logró reunir pruebas suficientes para demostrar que Florentín arrojó el proyectil que impactó en la caravana, ni que el ataque haya sido planificado. El juez Armella dictó el procesamiento sin prisión preventiva, mientras la defensa del joven anunció que apelará la decisión.

El Movimiento Teresa Rodríguez y otras agrupaciones sociales y de derechos humanos exigieron la liberación de Florentín, argumentando que solo ejercía su derecho a manifestarse. Por su parte, funcionarios del gobierno, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el vocero presidencial Manuel Adorni, responsabilizaron al kirchnerismo por el ataque y denunciaron un clima de violencia política.

El caso reavivó el debate sobre los límites de la protesta social y la respuesta judicial ante incidentes en actos políticos. Mientras la investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas, el procesamiento de Florentín genera posturas encontradas entre el oficialismo y sectores opositores, en un contexto de alta polarización política.