El gobierno nacional confirmó la designación de Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos, en reemplazo de Alberto Baños, quien presentó su renuncia tras dos años en el cargo. La noticia fue anunciada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien destacó la experiencia de Mogaburu en el Poder Judicial y el Ministerio de Defensa, así como su formación en derechos humanos y derecho penal.

La llegada de Mogaburu se produce en el marco de una política de recortes y reestructuración del área de derechos humanos, impulsada desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según Amerio, en estos dos años se eliminaron catorce cargos jerárquicos y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que representa un ahorro mensual de $13.550 millones. "Lo convoqué porque sé que tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del gobierno", afirmó el funcionario.

Mogaburu, abogado y profesor de historia, reemplaza a Baños, quien había asumido al inicio del gobierno libertario y fue protagonista de controversias con organismos de derechos humanos. En particular, Baños fue criticado tras su exposición ante el Comité contra la Tortura de la ONU, donde cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Su gestión estuvo marcada por el distanciamiento con organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y por la reducción de la estructura del área, que pasó de secretaría a subsecretaría.

El nuevo subsecretario es señalado por algunos sectores como defensor de la postura de "memoria completa", una visión polémica en el debate sobre la dictadura militar y los derechos humanos en Argentina. Desde el gobierno, se sostiene que la nueva etapa buscará "desideologizar" las políticas públicas en la materia y garantizar una administración más transparente y eficiente.

El nombramiento de Mogaburu coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos y se da en un contexto de tensiones con organismos y sectores críticos, que advierten sobre un posible vaciamiento y un giro ideológico en la gestión del área. Mientras tanto, el gobierno insiste en que los cambios responden a la necesidad de modernizar y ordenar la administración pública, en línea con los objetivos de cambio propuestos desde diciembre de 2023.