La Justicia de Chubut resolvió que tres afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) podrán continuar como querellantes en la causa que investiga el presunto desvío de más de 50 millones de pesos del sindicato. El principal imputado es Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, junto a su exesposa y exsecretaria administrativa, Mirta Simone.

La decisión fue tomada por el Tribunal integrado por los jueces Martín O’Connors y Ricardo Rolón, quienes rechazaron el planteo de la defensa de Quiroga. El abogado defensor, Oscar Romero, había solicitado que se excluyera a los afiliados Claudia Barrionuevo, Analía González y Luciano López como querellantes, argumentando que no eran directamente afectados por el delito investigado. Sin embargo, el Tribunal consideró que una interpretación amplia del artículo 98 del Código Procesal Penal garantiza la participación de las víctimas en los procesos y que limitar la querella solo al sindicato podría frustrar el derecho de los damnificados individuales.

La fiscalía, representada por Julieta Gamarra y Lucas Papini, se opuso al pedido de la defensa y destacó la legitimidad de los denunciantes en su carácter de afiliados. Además, informaron que Quiroga no se presentó en la audiencia de revisión y solicitaron que su presencia sea obligatoria en futuras instancias.

La investigación se centra en la presunta administración fraudulenta de fondos sindicales, con transferencias de más de 20 millones de pesos a cuentas personales de Quiroga y Simone, además de retiros en efectivo por otros 7 millones. El caso salió a la luz en 2024 tras una investigación de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, que detectó movimientos irregulares de fondos sindicales hacia cuentas particulares.

Por su parte, los abogados de los afiliados valoraron la decisión judicial como un avance en la defensa del patrimonio de ATE, mientras que la defensa de Quiroga calificó la habilitación de los querellantes como una "maniobra dilatoria". La causa continúa en etapa de investigación, con una prórroga solicitada por la fiscalía para profundizar en el análisis de la documentación y las pruebas recabadas. El desenlace del proceso será clave para determinar el futuro de la conducción sindical y la transparencia en el manejo de fondos de los trabajadores estatales.