A treinta años de las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, el país recuerda uno de los episodios más trágicos y controvertidos de su historia reciente. El 3 de noviembre de 1995, una serie de detonaciones intencionales sacudió la ciudad, dejando siete muertos, más de 300 heridos y miles de evacuados. Las explosiones destruyeron barrios enteros y generaron daños materiales millonarios, además de profundas secuelas psicológicas en la población.

La investigación judicial determinó que el hecho fue perpetrado para encubrir el contrabando de armas hacia Ecuador y Croacia, autorizado durante el gobierno de Carlos Menem. "Esto es un accidente. Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra", declaró el entonces presidente en conferencia de prensa, orientando la versión oficial y las primeras medidas judiciales. Sin embargo, pericias posteriores demostraron la intencionalidad del siniestro, con el uso de detonadores y la dirección de la onda expansiva hacia zonas específicas.

El proceso judicial estuvo marcado por dilaciones, encubrimientos y polémicas absoluciones. Finalmente, en 2014, la Justicia condenó a cuatro militares retirados por estrago doloso seguido de muerte, con penas de hasta 13 años de prisión. El juicio contra Menem nunca se concretó, ya que el exmandatario falleció días antes de su inicio, extinguiéndose la acción penal en su contra.

Las consecuencias del atentado persisten en Río Tercero. Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba reveló que el sentimiento de vulnerabilidad y los traumas psicológicos continúan afectando a la población. Además, el pago de indemnizaciones a los damnificados ha sido lento y parcial: de los cerca de 8.000 casos, solo 196 personas han cobrado hasta la fecha, en bonos y tras años de reclamos judiciales.

La comunidad local y familiares de las víctimas mantienen el reclamo de memoria y justicia, impulsando iniciativas como la declaración del 3 de noviembre como "Día de la Memoria y Solidaridad". El caso de Río Tercero sigue siendo un símbolo de la lucha contra la impunidad y la corrupción estatal, con profundas implicancias para la sociedad argentina.