El empresario Lázaro Báez, figura central en dos de los casos de corrupción más emblemáticos de la última década en Argentina, deberá cumplir una pena unificada de 15 años de prisión tras la decisión del Tribunal Oral Federal N°4. La resolución, dictada por los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel y Fernando Canero, compagina las condenas firmes que Báez tenía en su contra por lavado de dinero en la causa conocida como "La Ruta del Dinero K" y por fraude en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, en el expediente "Vialidad".

La unificación de penas responde a los criterios legales del concurso real de delitos, ya que los hechos fueron cometidos antes de que existiera una sentencia firme previa. En consecuencia, Báez deberá cumplir una única condena de 15 años de prisión, la más severa aplicada hasta ahora en casos de corrupción en el país. Además, el tribunal ratificó una multa de 329 millones de dólares, equivalente a seis veces el monto lavado, y el decomiso de activos por valor de 65 millones de dólares.

Durante la audiencia, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó una pena de 16 años, mientras que la fiscalía pidió 15 años y la defensa de Báez reclamó solo 6 años, argumentando que los fondos cuestionados ya habían sido contemplados en la causa de lavado. El tribunal rechazó este planteo y fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos, la sofisticación de las maniobras y el rol superlativo de Báez en la estructura delictiva.

El caso "La Ruta del Dinero K" involucra operaciones de blanqueo de más de 54 millones de dólares entre 2010 y 2013, utilizando sociedades pantalla y cuentas en el exterior. Por su parte, el expediente "Vialidad" refiere a irregularidades en 51 licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, que generaron un perjuicio al Estado de más de 84 mil millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia dejó firmes ambas condenas, por lo que no existen más instancias de apelación. Báez, preso desde 2016, cumple su condena en el penal de Río Gallegos. El fallo es considerado un hito en la lucha contra la corrupción y marca un precedente relevante para futuros procesos judiciales en Argentina.