El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto solicitó que el Congreso de la Nación debata la nulidad de la condena judicial que pesa sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años por corrupción en la causa Vialidad. La iniciativa fue presentada tanto en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados como a través de un mensaje en redes sociales, donde Pichetto argumentó que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y que la situación representa una "gravedad institucional" para la democracia argentina.

Según Pichetto, desde el inicio del proceso se alteraron reglas esenciales del debido proceso, incluyendo la incorporación de un juez y un fiscal ajenos a la jurisdicción natural del caso, así como la limitación de las posibilidades de apelación. "Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidenta de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad", afirmó el legislador, quien también cuestionó la imparcialidad de los jueces de la Corte Suprema involucrados en la causa.

El diputado propuso que la conducta de un jefe de Estado debe ser evaluada bajo un procedimiento especial y no por la vía judicial común, sugiriendo que el Congreso tiene atribuciones para intervenir en casos de gravedad institucional. "El Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes", sostuvo Pichetto.

El caso de Cristina Kirchner, condenado y ratificado por la Corte Suprema hace un año, ha generado un intenso debate político y jurídico en el país. Pichetto, quien ha transitado por distintos espacios políticos y recientemente se ha acercado nuevamente al peronismo, citó ejemplos internacionales como la reducción de condena a Jair Bolsonaro en Brasil para fundamentar su propuesta.

La iniciativa de Pichetto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la relación entre los poderes del Estado y el alcance de las atribuciones del Congreso en materia judicial. El debate promete profundizarse en el escenario político argentino, con posibles repercusiones en la institucionalidad y el equilibrio de poderes.