El juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, resolvió no intervenir en el amparo presentado para mantener la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como legisladora provincial en Buenos Aires. La decisión, adoptada el 13 de junio, se fundamenta en la incompetencia de la justicia federal para resolver cuestiones vinculadas a candidaturas provinciales, por lo que el expediente fue remitido a la Justicia provincial y a la Junta Electoral bonaerense.

El recurso había sido presentado por el abogado Daniel Llermanos, en representación de la Asociación de Abogados Solidarios. Llermanos argumentó que, pese a la condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner conserva su "posesión de estado electoral" y que la inhabilitación impuesta vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir a su candidata de preferencia. "Esta restricción afecta la oferta electoral y la libertad de elección garantizada por la Constitución Nacional, la Constitución provincial y los tratados internacionales", sostuvo el letrado en su presentación.

En su resolución, Ramos Padilla afirmó que "la decisión sobre la posible candidatura invocada resulta de competencia de la justicia provincial y/o de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires en oportunidad de oficializar las candidaturas para cargos electorales provinciales". De este modo, el magistrado evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto, limitándose a derivar el caso a las autoridades competentes.

La condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que incluye una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, fue ratificada por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024 y confirmada recientemente por la Corte Suprema, dejando firme tanto la inhabilitación como la condena a prisión. Sin embargo, el debate persiste sobre si una sentencia judicial puede limitar la oferta electoral y la soberanía popular, especialmente cuando la candidatura aún no había sido oficializada al momento de la condena.

El caso ahora queda en manos de la Justicia provincial y la Junta Electoral de Buenos Aires, que deberán decidir si la expresidenta puede competir en las próximas elecciones legislativas. El desenlace tendrá implicancias sobre la relación entre las decisiones judiciales y los derechos políticos en el sistema democrático argentino.