La Cámara de Diputados de Mendoza debate este miércoles la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, una iniciativa que busca extraer cobre en la zona de Uspallata y que ha generado intensos debates políticos, sociales y técnicos en la provincia. El oficialismo, liderado por el gobernador Alfredo Cornejo, confía en obtener una aprobación holgada, respaldado por una mayoría legislativa y el argumento de que la minería es clave para diversificar la matriz productiva y generar empleo en Mendoza.

El proyecto San Jorge, que prevé una inversión de 559 millones de dólares, regresa al recinto legislativo tras haber sido rechazado en 2011 en un contexto de fuerte presión social y movilizaciones masivas. En esta ocasión, aunque se esperan manifestaciones de asambleas por el agua y organizaciones ambientales en las afueras de la Legislatura, el clima social parece menos tenso que en el pasado, lo que ha facilitado el avance del expediente en comisiones.

Durante el proceso de análisis, el CONICET Mendoza y otras instituciones científicas advirtieron sobre deficiencias en el informe de impacto ambiental, señalando la falta de datos actualizados y estudios completos sobre recursos hídricos, biodiversidad y patrimonio arqueológico. Estas objeciones fueron acompañadas por sectores de la oposición, que optaron por la abstención o el rechazo en comisiones, argumentando que la DIA no es concluyente y que existen riesgos de judicialización si no se incorporan mayores garantías ambientales.

El oficialismo, por su parte, sostiene que el proyecto cumple con los estándares legales y ambientales vigentes y que su aprobación representaría un hito para la minería metalífera en Mendoza. Además, el Gobierno impulsa leyes complementarias sobre regalías mineras y fondos de compensación ambiental, buscando asegurar que los beneficios económicos se distribuyan entre la provincia y los municipios.

Mientras tanto, organizaciones sociales y ambientales insisten en la falta de "licencia social" y advierten sobre los posibles impactos negativos en el agua y el ambiente. La sesión de hoy se anticipa extensa y definitoria, ya que la decisión de Diputados deberá ser ratificada por el Senado provincial. El resultado marcará un punto de inflexión en la relación de Mendoza con la minería y podría sentar un precedente para futuros proyectos productivos en la región.