La reciente sentencia de la jueza Loretta Preska en Nueva York ha reavivado la controversia en torno a la expropiación de YPF y la deuda soberana argentina. El fallo ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal como garantía de pago a acreedores internacionales, entre ellos fondos que obtuvieron sentencias favorables tanto por la expropiación de la empresa en 2012 como por bonos en default.

El Gobierno argentino reaccionó de inmediato, solicitando la suspensión de la medida y anunciando una apelación. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó la sentencia como "jurídicamente inaplicable" y argumentó que contradice la Ley 26.741, que exige la aprobación del Congreso para cualquier transferencia de acciones de YPF. Además, el Gobierno sostiene que la decisión desconoce la inmunidad soberana del país y que las acciones no son legalmente transferibles.

En paralelo, nuevos fondos de inversión, como Attestor y Trinity, han presentado reclamos ante la justicia estadounidense para acceder a parte del paquete accionario de YPF, alegando que sus sentencias por deuda en default preceden a las del caso de expropiación. Esta situación complica aún más el escenario judicial y aumenta la presión sobre el principal activo estatal argentino en el extranjero.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, aseguró que el fallo no tendrá impacto directo sobre la operatividad de la empresa y destacó que la compañía continúa con sus planes de inversión y desarrollo, especialmente en Vaca Muerta. Marín subrayó que el crecimiento de YPF y el futuro de la formación no dependen de la evolución del litigio internacional.

El debate sobre la expropiación de YPF y su impacto en el desarrollo energético del país sigue vigente. Mientras algunos sostienen que la medida fue clave para el avance de Vaca Muerta, otros argumentan que el desarrollo hubiera sido posible con reglas de mercado y capital privado. En cualquier caso, la disputa judicial internacional pone en juego la soberanía sobre recursos estratégicos y plantea desafíos para la política energética y económica argentina en los próximos años.