El escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, continúa generando repercusiones en Argentina. La jueza María Servini ordenó el congelamiento de bienes de varios implicados, incluyendo a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes están bajo investigación por su rol en el desplome del token $LIBRA. Este activo digital, promovido por Milei en redes sociales, resultó en pérdidas significativas para más de 40,000 inversores.

El caso ha tomado un giro crítico tras la revelación de que familiares de Novelli vaciaron cajas de seguridad en un banco de Martínez días después del colapso del token. Según registros fílmicos, estas acciones han levantado sospechas de ocultamiento de bienes. Además, la justicia está analizando el patrimonio de los implicados, que incluye vehículos de lujo y propiedades, para determinar si se cometieron delitos como tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

Juan Grabois, abogado y dirigente político, ha liderado una querella que busca justicia para los afectados. Grabois ha presentado denuncias tanto en Argentina como en Estados Unidos, argumentando que el tuit de Milei promoviendo $LIBRA constituye un acto de corrupción. "El presidente desvió sus funciones para beneficiar a empresarios privados", afirmó Grabois en una reciente entrevista.

Por su parte, Novelli y Terrones Godoy han intentado desvincular a Milei del caso, alegando que el proyecto tenía fines altruistas y que no obtuvieron beneficios personales. Sin embargo, la justicia ha señalado inconsistencias en sus declaraciones y continúa investigando sus vínculos con el presidente y su hermana Karina Milei.

El contexto del caso se remonta a la promoción de $LIBRA como un proyecto para apoyar a PyMEs, una narrativa que ahora está siendo cuestionada. La relación de Milei con empresarios del ecosistema cripto, incluyendo reuniones en la Casa Rosada, ha generado críticas sobre la transparencia de su gobierno.

El futuro del caso es incierto, pero las implicaciones políticas y legales podrían ser significativas. La justicia avanza en la investigación, mientras la oposición y organizaciones civiles exigen sanciones severas y mayor transparencia en la administración pública.