El Gobierno argentino cerró el primer semestre de 2025 con el mayor nivel de ejecución presupuestaria de la última década, alcanzando un 45% del presupuesto anual, según la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP). Este resultado se da en un contexto de ajustes selectivos en áreas clave como subsidios, salarios estatales y obra pública, que permitieron mantener un superávit fiscal pese a la caída de ingresos.

De acuerdo con ASAP y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el superávit primario acumulado fue de $6,7 billones y el financiero de $1,64 billones, excluyendo ingresos extraordinarios del Banco Central. El gasto primario mostró una expansión del 2,9% interanual ajustado por inflación, impulsado principalmente por el aumento en las prestaciones de la seguridad social, consecuencia de la nueva fórmula de actualización jubilatoria indexada por inflación.

Sin embargo, el ajuste continuó en otros rubros: las transferencias de capital, principalmente destinadas a obra pública, cayeron 64,8% interanual y 92,6% respecto a 2023, mientras que las remuneraciones del sector público se redujeron 9,6% interanual y 24,4% frente al mismo período de 2023. Las transferencias al sector privado, que incluyen subsidios a la energía y el transporte, también registraron una baja del 17,8% interanual.

El presupuesto vigente es una prórroga del de 2023, modificado por decisiones administrativas y decretos de necesidad y urgencia. El Gobierno, que se propuso una meta fiscal más exigente que la pactada con el FMI, logró mantener el orden de las cuentas públicas, aunque analistas advierten que, de persistir la tendencia de ejecución, podrían requerirse nuevos ajustes o ampliaciones de créditos presupuestarios en la segunda mitad del año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el superávit fiscal es una prioridad para la administración, mientras que consultoras privadas y organismos técnicos destacan el compromiso oficial, aunque advierten sobre la sostenibilidad de la política fiscal a mediano plazo. El desempeño fiscal del primer semestre marca un cambio estructural respecto a años anteriores, pero el desafío será sostenerlo en un contexto de ingresos en retroceso y presiones sobre el gasto social.