José Eugenio Díaz, exintendente de la localidad cordobesa de El Brete y exlegislador provincial, fue condenado a tres años de prisión condicional por abuso sexual y coacción contra empleadas municipales, en hechos ocurridos entre 2002 y 2004. La sentencia, dictada por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, llegó más de dos décadas después de las primeras denuncias y generó una fuerte polémica en la provincia de Córdoba.

Según el expediente judicial, Díaz utilizó su posición de poder para exigir favores sexuales a cambio de mantener el empleo o la entrega de planes sociales a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. El exfuncionario admitió los hechos en un juicio abreviado, en el que se estableció que las víctimas eran amenazadas con perder su trabajo o beneficios sociales si no accedían a sus requerimientos. "Era elegir entre hacer lo que él decía o perder el empleo y no poder alimentar a nuestros hijos", relató una de las víctimas.

El fallo, que no incluye prisión efectiva ni inhabilitación para ejercer cargos públicos, fue duramente criticado por las víctimas, sus familias y organizaciones sociales, quienes lo consideraron "insuficiente" y "liviano" frente a la gravedad de los delitos. El abogado querellante, Pablo Olmos, denunció irregularidades en el proceso y la falta de apoyo institucional a las víctimas. "Durante más de una década el expediente estuvo fuera de circulación y sólo avanzó tras la insistencia de los familiares y la presión mediática", señaló.

Como parte de la sentencia, Díaz deberá cumplir reglas de conducta, mantenerse alejado de las víctimas, someterse a tratamiento psicológico y abonar una indemnización de 3,5 millones de pesos a cada una de las mujeres que acepten el acuerdo. Además, el fallo ordena investigar la posible comisión de delitos por parte de un abogado vinculado al caso.

El caso expuso graves deficiencias en el sistema judicial del norte cordobés y reavivó el debate sobre la protección de las víctimas de violencia de género y abuso de poder en la función pública. Organizaciones sociales y familiares de las víctimas reclamaron una revisión de los mecanismos judiciales y una mayor severidad en las sanciones para este tipo de delitos.