El prolongado conflicto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresarias de la flota congeladora de langostino mantiene paralizada la zafra y genera preocupación en el sector pesquero argentino. Tras más de un mes y medio de negociaciones fallidas, la última audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación no logró destrabar la situación, y la flota sigue amarrada en los puertos.

Las cámaras empresarias, entre ellas CAPIP, CAPeCA y CEPA, insisten en la necesidad de aplicar una reducción del 22% en el ítem de producción, similar a la ya aceptada por capitanes y maquinistas. El SOMU, sin embargo, considera innegociable cualquier baja en la producción de los marineros, argumentando que esto convierte sus salarios en la variable de ajuste y pone en riesgo el sustento de miles de familias.

Ante la falta de acuerdo, las empresas comenzaron a ofrecer contratos individuales a los marineros, una alternativa habilitada por el Ministerio de Trabajo debido a la situación extraordinaria. Fernando Álvarez Castellano, titular de Conarpesa, explicó que la mayoría de los tripulantes manifestó su voluntad de embarcar bajo las nuevas condiciones, que incluyen una reducción del 22% pero también ajustes automáticos ligados al dólar y al precio del langostino. "El trabajo va a estar, si lo quieren tomar bien, y si no, quedaremos parados y listo", afirmó el empresario, quien también anunció anticipos de dinero para quienes acepten embarcar.

El SOMU, por su parte, denuncia que la presión empresarial busca debilitar la negociación colectiva y advierte que firmar acuerdos individuales es ilegal y precariza las condiciones laborales. "El salario no es moneda de cambio. No vamos a permitir que se firmen actas que legalicen la precarización", remarcaron desde el gremio.

El conflicto se da en un contexto de crisis económica y caída de precios internacionales, lo que llevó a las empresas a exigir un "sinceramiento de costos laborales". Las propuestas sindicales para reducir costos sin afectar los salarios, como la exención de retenciones, fueron rechazadas por las cámaras empresarias.

Mientras tanto, la temporada de langostino corre riesgo de perderse si no se reactiva la actividad antes de agosto, lo que genera un clima de tensión e incertidumbre en los puertos y amenaza con fracturar la unidad entre los trabajadores.