La Justicia Federal argentina declaró este lunes que los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en junio de 1956, constituyen crímenes de lesa humanidad y reconoció la responsabilidad del Estado en su planificación, ejecución y encubrimiento. El fallo, dictado por la jueza Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, llega tras siete décadas de reclamos de familiares y organismos de derechos humanos.

Según la sentencia, los hechos ocurrieron la noche del 9 de junio de 1956, cuando doce hombres fueron secuestrados ilegalmente en una casa de Florida, partido de Vicente López, y trasladados a la Unidad Regional de San Martín. Allí, cinco de ellos fueron ejecutados en los basurales de José León Suárez, mientras que siete lograron sobrevivir. La investigación, impulsada por testimonios y la obra "Operación Masacre" de Rodolfo Walsh, permitió reconstruir los hechos y atribuir la responsabilidad a la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu y altos mandos policiales y de inteligencia, todos ya fallecidos.

La jueza Vence subrayó que, de estar vivos, los responsables hubieran recibido la pena de prisión perpetua. Además, dispuso una serie de medidas reparatorias, como la publicación de la sentencia en sitios oficiales, la inclusión del caso en los programas educativos y la creación de un sitio de memoria en el lugar de los fusilamientos. "Es una sentencia histórica, no solo para los familiares, sino para todo el pueblo argentino", expresó Leonardo Muñoz, nieto de una de las víctimas.

El fallo fue recibido con alivio y emoción por los familiares, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria y de que las nuevas generaciones conozcan estos hechos. Organismos de derechos humanos celebraron la decisión como un paso fundamental en la lucha por la verdad y la justicia en Argentina. La sentencia también abre la puerta a nuevos juicios en otras jurisdicciones por crímenes similares cometidos en la misma época.

El caso de José León Suárez, que permaneció impune durante décadas, se convierte así en un símbolo de la persistencia de la memoria y la búsqueda de justicia en el país. El reconocimiento judicial de estos crímenes refuerza el compromiso con los derechos humanos y la reparación histórica para las víctimas y sus familias.