El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vetó parcialmente el presupuesto 2026 de la Cámara de Diputados bonaerense, generando una fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La medida afecta artículos clave que establecían un sistema de transferencias automáticas y diarias de fondos desde el Tesoro provincial hacia la Cámara baja, por un total de $222.800 millones, de los cuales $150.000 millones están destinados a sueldos.

La decisión de Kicillof fue fundamentada en la necesidad de mantener el equilibrio y la equidad en la administración pública provincial. Según el Ejecutivo, la modificación introducida por Diputados alteraba el sistema contable y otorgaba un trato diferencial a la Cámara baja respecto de otros poderes, incluso el Senado. "Los artículos vetados ponen en crisis el funcionamiento para todo el sector público provincial", argumentaron los ministros firmantes del decreto.

Desde la Cámara de Diputados, legisladores de distintos bloques calificaron el veto como inconstitucional, citando el artículo 94 de la Constitución bonaerense, que prohíbe al Ejecutivo vetar el presupuesto legislativo. "Lo que hizo Kicillof es inconstitucional, no se puede vetar el presupuesto de las cámaras", señalaron fuentes legislativas. Ante esta situación, Diputados evalúa insistir con el proyecto original o recurrir a la Suprema Corte de Justicia provincial.

El conflicto se produce en un contexto de emergencia económica en la provincia y recortes de fondos nacionales, lo que agrava la disputa por el manejo de recursos. Además, el manejo presupuestario de la Cámara baja ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y recientes escándalos de corrupción.

La controversia expone las tensiones internas en el oficialismo bonaerense y la puja por el control de fondos públicos. El desenlace del conflicto podría tener implicancias en la relación entre los poderes provinciales y en la gobernabilidad de Buenos Aires en un año clave.