El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron este jueves en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza un proyecto de reforma integral del Código Penal argentino. La iniciativa, que será enviada al Congreso, propone endurecer las penas para la mayoría de los delitos, reducir la edad de imputabilidad y ampliar el catálogo de conductas punibles, en lo que el gobierno denomina un plan de "tolerancia cero" contra el delito.

Durante el acto, Bullrich destacó que el nuevo Código busca actualizar una normativa centenaria y adaptarla a los desafíos actuales, como el crimen organizado, los delitos digitales y la violencia urbana. "Un sistema penal tiene que poder imputar a quienes delinquen, castigarlos con penas severas, condenarlos de forma ágil y asegurarse de que esas condenas se cumplan", afirmó la ministra. Entre las principales modificaciones, se incluye la baja de la edad de imputabilidad a 13 o 14 años, el agravamiento de penas para homicidios, robos, portación de armas y delitos cometidos por organizaciones mafiosas, así como la imprescriptibilidad de delitos graves como homicidio agravado, abuso sexual y trata de personas.

El presidente Milei, por su parte, vinculó la reforma con la necesidad de "orden" como precondición para el desarrollo y la prosperidad del país. "Si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio y los argentinos de bien van a vivir en una sociedad más segura", sostuvo. Milei también criticó el garantismo judicial y defendió la protección a las fuerzas de seguridad, señalando que "el que las hace, las paga".

El acto estuvo marcado por la presencia del diputado José Luis Espert, recientemente cuestionado por supuestos vínculos con el narcotráfico, lo que generó tensiones internas en el oficialismo. La presentación se produce en un contexto de dificultades legislativas para el gobierno y en medio de escándalos políticos que han afectado la imagen de algunos de sus principales referentes.

El proyecto, elaborado por una comisión de jueces y especialistas, unifica en un solo cuerpo las disposiciones del Código vigente y más de mil leyes especiales, pasando de 316 a 920 artículos. Su debate en el Congreso será determinante para el futuro de la política criminal argentina y podría tener un impacto significativo en la campaña electoral y en la agenda de seguridad del país.