El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudó este martes bajo un nuevo esquema de dos audiencias semanales, en un intento por imprimir mayor celeridad a uno de los procesos judiciales más complejos y extensos de la historia argentina. El Tribunal Oral Federal 7, encargado de la causa, enfrenta el desafío de juzgar a 86 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios, por presuntos hechos de corrupción vinculados a la recaudación ilegal de fondos durante los gobiernos kirchneristas.

Durante la cuarta audiencia, el tribunal continuó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y de las declaraciones de imputados colaboradores, conocidos como "arrepentidos". Entre los testimonios más relevantes se encuentran los de Ernesto Clarens y Fabián Gutiérrez, quienes detallaron el funcionamiento de un presunto circuito de pagos ilegales, el traslado de dinero en valijas y su almacenamiento en propiedades asociadas a los Kirchner. Clarens relató que los pagos se realizaban en efectivo y que parte del dinero era entregado en domicilios particulares y en la residencia presidencial de Olivos.

La fiscalía sostiene que Cristina Kirchner lideró una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015, recibiendo sobornos de empresarios a cambio de favores estatales, como la adjudicación de obras públicas. El expediente, que abarca 540 episodios y prevé la declaración de más de 600 testigos, ha generado intensos debates sobre la logística y los recursos necesarios para sostener el proceso.

El tribunal ha debido enfrentar presiones institucionales para acelerar el juicio, provenientes de la Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura, pero ha defendido su autonomía y advertido sobre las limitaciones operativas, como la falta de personal y problemas edilicios. En paralelo, se sobreseyó a Enrique Pescarmona por incapacidad mental, cerrando uno de los capítulos del caso.

Mientras tanto, las posturas de los acusados varían: algunos, como Roberto Baratta, niegan los hechos y cuestionan la veracidad de las pruebas, mientras que la fiscalía y la querella insisten en la responsabilidad de la expresidenta como jefa de la organización. El proceso, que combina audiencias virtuales y presenciales, continuará en las próximas semanas, con la expectativa de avanzar en la valoración de pruebas y el inicio de las declaraciones indagatorias a partir de 2026.