Facundo Leal, ex presidente de ARSAT, enfrenta una compleja investigación judicial tras ser detenido a fines de mayo, cuando allanamientos en sus propiedades revelaron la existencia de US$2,6 millones en efectivo, drogas y equipos de espionaje. La causa, que comenzó con la denuncia por el robo de materiales en un depósito de la empresa Argentina Logistic Services (ALS), derivó en la exposición de una presunta red de corrupción que involucra a ex funcionarios y empresarios vinculados a la estatal de telecomunicaciones.

Según fuentes judiciales y testimonios recogidos por la fiscalía, Leal habría liderado una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de contratos y cobro de sobornos. Testigos clave, como su secretaria y chofer, describieron ante la Justicia la mecánica de reuniones fuera de agenda, el traslado de mochilas y valijas con dinero, y la entrega de sobres en oficinas públicas. Uno de los episodios más relevantes fue el traslado de una valija desde Buenos Aires a Mendoza, donde la Policía Federal halló parte del dinero incautado.

La investigación también apunta a la adjudicación de un contrato de al menos US$30 millones a la empresa cordobesa Tecnored, integradora de tecnología Huawei, para la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica. Documentos y testimonios sugieren que el proceso de contratación estuvo marcado por encuentros informales entre funcionarios y empresarios, y por la falta de transparencia en la publicación de los datos de adjudicación.

Empresas involucradas, como Huawei y Tecnored, han negado cualquier irregularidad y sostienen que sus vínculos con ARSAT se limitaron a actividades profesionales y comerciales habituales. Tecnored, por su parte, anunció acciones legales contra ARSAT por presuntos incumplimientos de pago.

El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la prisión preventiva de Leal para evitar riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, mientras se analizan peritajes sobre teléfonos y computadoras secuestradas. La causa involucra a otros ex funcionarios y empresarios, principalmente de Mendoza, y se centra en delitos como cohecho, malversación de fondos públicos y defraudación al Estado.

El caso ARSAT ha generado preocupación en el ámbito político y empresarial, no solo por el volumen de dinero involucrado, sino también por las posibles ramificaciones en otras áreas del Estado. La Justicia continúa con las indagatorias y medidas cautelares, mientras se espera que el avance de la investigación arroje mayor claridad sobre el alcance de la presunta red de corrupción.