El presidente Javier Milei anunció que vetará las leyes aprobadas por el Senado, entre ellas el aumento al bono jubilatorio, la recomposición del 7,2% y la extensión de la moratoria previsional. La decisión fue comunicada durante un discurso en la Bolsa de Comercio, donde Milei afirmó: "Vamos a vetar, y si se diera la circunstancia que el veto se cae, lo vamos a judicializar". El mandatario sostuvo que, incluso si la Justicia actuara con rapidez y fallara en contra del Gobierno, el daño sería "mínimo" y confió en revertir cualquier efecto adverso tras las elecciones legislativas de octubre.

La jornada estuvo marcada por una fuerte tensión política. El oficialismo calificó la sesión del Senado como "irregular" y denunció un supuesto "golpe institucional" por parte de la oposición, que logró el quórum necesario para aprobar los proyectos. La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien presidió la sesión, fue blanco de críticas de Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes la acusaron de "traidora" por no frenar el avance de las leyes. Villarruel, por su parte, defendió la legalidad de la sesión y su rol institucional, subrayando que "el Senado es soberano conforme la Constitución Nacional".

El conflicto se da en un contexto de enfrentamiento entre el Ejecutivo y los gobernadores, quienes, según Milei, buscan "destruir al Gobierno". El oficialismo sostiene que las leyes aprobadas ponen en riesgo el objetivo de déficit fiscal cero, mientras que la oposición argumenta que se trata de medidas necesarias para proteger a los sectores más vulnerables.

Expertos constitucionalistas y el propio reglamento del Senado avalan la validez de la sesión y las votaciones, señalando que la mayoría absoluta de senadores garantiza la legalidad de lo actuado. Sin embargo, el Gobierno insiste en que, de no prosperar el veto, recurrirá a la Justicia, aunque especialistas advierten que judicializar un veto exitoso carece de fundamento legal.

El desenlace de este conflicto institucional podría tener implicancias significativas para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes en la Argentina, especialmente de cara a las próximas elecciones legislativas.