El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 112/2026, abarca tramos clave en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa.

El proceso, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca transferir la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales al sector privado, eliminando los subsidios estatales que sostenían el modelo anterior. "Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos", afirmó Caputo.

La licitación se divide en cuatro tramos: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, que incluyen rutas nacionales estratégicas como la 7, 8, 9, 35, 36, 188, 193, A005 y A008. El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá reducir el déficit fiscal y mejorar la seguridad vial, en un contexto donde, según la Federación del Personal de Vialidad Nacional, entre el 65% y el 70% de las rutas se encuentran en estado regular o malo. Un informe del gremio advierte que el deterioro de la infraestructura ha incrementado la siniestralidad, con un aumento del 14% en víctimas fatales en el último año.

El nuevo esquema prevé la duplicación de cabinas de peaje en algunos tramos y aumentos tarifarios de hasta el 215%. Organizaciones de usuarios y sindicatos han manifestado su preocupación por el impacto de los peajes y la falta de obras nuevas significativas, mientras que empresas constructoras interesadas han solicitado ajustes en los pliegos licitatorios.

La apertura de sobres para la Etapa II-A está prevista para el 27 de febrero. El Gobierno insiste en que la supervisión y control de los contratos estará a cargo de Vialidad Nacional, con el objetivo de garantizar el cumplimiento y el desarrollo de la infraestructura vial en beneficio de los usuarios. El proceso se enmarca en un plan más amplio para concesionar hasta 9.000 kilómetros de rutas antes de mitad de año, en busca de una red vial moderna, segura y eficiente.