La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, fue escenario de una crisis policial que escaló en las últimas horas, tras una serie de protestas por condiciones laborales y salariales. El conflicto se intensificó cuando el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció la desafectación de al menos 20 agentes policiales, medida que podría ampliarse a otros funcionarios, y la apertura de investigaciones administrativas y penales.

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, varios patrulleros fueron paralizados frente a la jefatura de la Unidad Regional II, y algunos agentes abandonaron el servicio, dejando los vehículos sin custodia. Cococcioni diferenció entre los reclamos legítimos por mejoras laborales y las acciones violentas y antijurídicas promovidas por grupos desplazados de la fuerza, algunos vinculados a hechos de corrupción. "No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública. Todo lo demás es charlable", afirmó el ministro en conferencia de prensa.

El gobierno provincial anunció una suma fija de $500.000 para agentes en zonas de riesgo y $250.000 para otros distritos, aunque los manifestantes consideran insuficiente el sueldo básico, que no alcanza para cubrir la canasta familiar. El conflicto se originó tras el suicidio de un suboficial en tratamiento por salud mental, lo que profundizó el malestar entre los efectivos.

Paralelamente, Rosario fue escenario de una marcha nacional de sindicatos y movimientos sociales contra la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La CGT Rosario reclamó instancias de diálogo con legisladores y el Ejecutivo provincial, mientras la provincia articula políticas de seguridad con Nación para sostener la reducción de delitos y violencia.

El ministro Cococcioni destacó la coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para investigar posibles ilícitos penales cometidos por algunos policías y grupos marginales. "Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir", subrayó.

El conflicto policial mantiene en vilo a Santa Fe, en un contexto de tensiones salariales y productivas que también afectan a otras provincias, como Mendoza, donde productores vitivinícolas protestan por precios y falta de apoyo estatal. La resolución de la crisis será clave para el futuro de la seguridad y las negociaciones paritarias en la provincia.