Una investigación de la cooperativa CALF reveló un esquema de fraude eléctrico en barrios privados de Neuquén, donde más de 30 viviendas de alto poder adquisitivo fueron detectadas con conexiones clandestinas o medidores adulterados para evitar el pago real del consumo eléctrico. El hallazgo, resultado de auditorías técnicas sorpresivas, llevó a la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal y a la solicitud de allanamientos en cinco propiedades.

Según informaron desde CALF, las maniobras detectadas incluían conexiones subterráneas directas y bypasses que permitían eludir el control del consumo, afectando principalmente a viviendas equipadas con piscinas climatizadas y sistemas de calefacción central. “No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de eludir el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos”, señalaron desde el equipo jurídico de la cooperativa.

El operativo, calificado como una ofensiva sin precedentes, se centró en barrios como La Zagala, Bocahue, Rincón Club de Campo, Costa Río, Villa Luisa, La Peregrina y Parques de Talero. En todos los casos, CALF procedió al corte inmediato del suministro eléctrico, retiro de medidores y precintado de las instalaciones para evitar nuevas conexiones irregulares. Además, se informó que las multas a aplicar superarán los tres millones de pesos por vivienda involucrada y se facturará de manera retroactiva el consumo no registrado.

La denuncia judicial busca no solo sanciones económicas, sino también la individualización de los responsables y la documentación de los riesgos que estas conexiones generan para la red eléctrica, incluyendo posibles incendios y fallas críticas. “La energía que unos pocos sustraen de forma clandestina en barrios cerrados la terminan pagando los asociados que cumplen mes a mes con su factura. No vamos a permitir que la exclusividad de un barrio sea un escudo para la ilegalidad”, enfatizó la conducción de CALF.

El caso abrió un debate en la ciudad sobre el uso ilegal de la electricidad y la necesidad de reforzar los controles en todos los sectores, mientras la cooperativa anunció que continuará con inspecciones y aportando pruebas a la justicia para garantizar la equidad en el acceso y pago del servicio eléctrico.