Un empresario argentino, Hugo Barabucci, confesó en un juicio en Río Negro haber adquirido cerca de 14.000 hectáreas en la Patagonia con fondos donados por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, lo que ha generado un fuerte escándalo político y judicial en la provincia. La revelación se produjo durante un proceso por usurpación iniciado por Barabucci contra Soledad Cayunao, una mujer mapuche acusada de ocupar parte de esas tierras.

Barabucci, quien reside parte del año en Emiratos Árabes y trabaja como directivo de un club de polo, admitió que la compra de las tierras se realizó en 2017, con una transferencia de dos millones de dólares desde una cuenta emiratí a una cuenta en Nueva York, sin que el dinero pasara por Argentina. Las tierras, adquiridas a Marcelo Mindlin, se encuentran en una zona protegida y de frontera, donde la ley argentina prohíbe la venta a extranjeros.

El caso tomó relevancia cuando el juez Marcelo Álvarez Melinger absolvió a Cayunao, al considerar que no se pudo probar el despojo denunciado y que los límites de la propiedad no estaban claramente definidos. Además, el magistrado sugirió que la operación inmobiliaria podría ser nula por violar la ley de tierras rurales, y ordenó remitir el caso al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para su investigación.

La situación ha generado tensiones dentro del frente político Juntos Somos Río Negro, liderado por el gobernador Alberto Weretilneck, y ha reavivado el debate sobre la extranjerización de tierras y los derechos de los pueblos originarios. Organizaciones indígenas y abogados defensores han exigido una investigación a fondo, mientras que sectores políticos y sociales advierten sobre el avance de capitales extranjeros en la Patagonia y la posible vulneración de la legislación vigente.

El caso se enmarca en un contexto de creciente conflicto por la propiedad de la tierra en la región, donde la presencia de grandes inversores extranjeros y la criminalización de las demandas indígenas han sido motivo de controversia. La resolución judicial y la confesión de Barabucci podrían tener implicancias futuras en la regulación de la tenencia de tierras y en la protección de los derechos de las comunidades originarias.