El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma a la Ley de Glaciares, una medida que redefine la protección de los ambientes periglaciares y habilita la explotación económica en aquellas áreas que no sean consideradas reservas estratégicas de agua. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, obtuvo 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, y ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados.

El proyecto introduce una distinción entre las zonas periglaciares que cumplen funciones hídricas relevantes y aquellas que no, permitiendo actividades productivas en estas últimas. Según el comunicado oficial, la reforma “supone un verdadero federalismo ambiental” y responde a un reclamo histórico de las provincias mineras, como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan. El Gobierno argumentó que la medida garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales, devolviendo a las provincias la competencia sobre sus reservas hídricas.

Durante el debate, la oposición y organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación por el posible impacto sobre el agua y el ambiente. Senadores del justicialismo y el kirchnerismo advirtieron sobre un retroceso institucional y denunciaron que la reforma responde a intereses económicos de un grupo reducido de provincias y empresas mineras. “Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua”, expresó el senador Daniel Pablo Bensusán.

Fuera del Congreso, la jornada estuvo marcada por incidentes entre manifestantes de Greenpeace y fuerzas de seguridad, que resultaron en detenciones y denuncias de represión a la prensa. El proyecto establece que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y la Secretaría de Energía serán responsables del inventario nacional de glaciares y de diferenciar las zonas protegidas.

La reforma a la Ley de Glaciares se inscribe en un debate de larga data sobre la explotación de recursos naturales en Argentina y la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental. El futuro del proyecto dependerá ahora del tratamiento en la Cámara de Diputados, en un contexto de fuerte polarización política y social.