El juez de Cámara de Esquel, Claudio Petris, se encuentra en el centro de un escándalo judicial tras ser denunciado por presuntos abusos sexuales, corrupción y amenazas. La denuncia, presentada por una persona cuya identidad se mantiene en reserva, detalla situaciones de coerción sexual, ofrecimiento de beneficios laborales a cambio de favores sexuales y amenazas explícitas, incluyendo la posibilidad de incriminar a la víctima mediante la plantación de drogas.

Según los testimonios recogidos por diversos medios, Petris habría utilizado su posición de poder para manipular causas judiciales, favorecer a allegados y ocultar bienes a través de testaferros y familiares. Se le atribuyen al menos ocho propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, tierras en Esquel y vehículos de alta gama, algunos registrados a nombre de terceros en situación de vulnerabilidad. Además, se lo acusa de haber dictado fallos en beneficio de amistades personales y de haber incurrido en licencias médicas irregulares y ausencias injustificadas.

El escándalo se produce en un contexto de fuerte tensión entre el gobierno provincial y el Poder Judicial de Chubut. El gobernador Ignacio Torres, quien impulsa un plebiscito para eliminar los fueros de jueces y funcionarios, criticó duramente a Petris y a la Asociación de Magistrados por oponerse a la reforma. "No vamos a tolerar más privilegios. No puede haber islas de impunidad dentro del Estado provincial", afirmó Torres en declaraciones públicas.

Tras la denuncia, Petris renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados, aunque negó los hechos y denunció una supuesta operación política en su contra. "La ausencia de firma y la falta de fuentes verificables comprometen la credibilidad de la publicación", sostuvo en una carta dirigida a la institución.

El caso ha generado preocupación en el entorno judicial, donde fuentes admiten la influencia de Petris y el temor a represalias. La crisis profundiza la desconfianza ciudadana en la justicia chubutense y pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales para garantizar la transparencia y la integridad en el sistema judicial. Se espera que la investigación avance y que el caso tenga repercusiones en el debate sobre los privilegios y la rendición de cuentas en el Poder Judicial.