El Gobierno argentino envió al Congreso la denominada "Ley de Inocencia Fiscal", un proyecto que busca incentivar la incorporación de dólares no declarados al sistema financiero formal. La iniciativa, presentada por el titular de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert, propone que quienes posean hasta $100 millones en dólares fuera del sistema no deban rendir cuentas al fisco si adhieren al nuevo régimen simplificado de Ganancias. Además, eleva el umbral para ser considerado evasor simple de $1,5 millones a $100 millones, en una actualización por inflación.

El plan, que forma parte de la estrategia oficial para fortalecer las reservas del Banco Central y ampliar la base tributaria, también reduce los plazos de prescripción fiscal y limita la fiscalización sobre incrementos patrimoniales para quienes se adhieran. "El objetivo es blindar al ciudadano de bien, que preservó el ahorro de la maldita casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar el ahorro sin que lo persigan", afirmó Espert durante el anuncio.

Sin embargo, la propuesta generó un intenso debate político y técnico. Mientras el oficialismo la defiende como un incentivo a la libertad y la normalización patrimonial, críticos advierten que iguala a cumplidores y evasores, y podría beneficiar a grandes tenedores de dólares no declarados. Expertos tributarios consultados consideran que la medida puede ampliar la base fiscal y estimular la economía formal, pero advierten sobre la falta de blindaje total y la necesidad de generar confianza a largo plazo entre los ahorristas.

El contexto económico, marcado por la caída de reservas y la presión del FMI sobre el cumplimiento de metas, suma incertidumbre sobre la efectividad del plan. Además, la iniciativa deberá superar el debate parlamentario, donde se anticipa una discusión intensa sobre su equidad, impacto fiscal y viabilidad técnica. El resultado de este proceso será determinante para el futuro de la política fiscal y la confianza en el sistema financiero argentino.