Una grave denuncia por torturas y abusos sexuales a mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, provincia de Buenos Aires, sacude al sistema penitenciario bonaerense. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al menos cuatro internas fueron víctimas de golpizas, vejaciones y abusos sexuales por parte de agentes penitenciarios el pasado 3 de junio, en un episodio que ha sido calificado como propio de los peores años de la dictadura militar.

El hecho se desencadenó tras una pelea entre internas, cuando personal penitenciario intervino de manera violenta. Las víctimas relataron haber sido sometidas a gas pimienta, desnudamientos forzados frente a personal masculino, torturas físicas como el "submarino húmedo" y abusos sexuales. Una de las mujeres denunció que fue obligada a arrodillarse y humillada bajo la orden "besame las botas", mientras era golpeada y amenazada con represalias. Otras internas sufrieron agresiones similares, incluyendo ataduras, golpes y amenazas de muerte.

El Ministerio de Justicia bonaerense, ante la gravedad de las acusaciones, dispuso la separación preventiva de los agentes señalados y removió a la cúpula de la Unidad 51. Además, se iniciaron sumarios internos para determinar responsabilidades administrativas, mientras la causa penal quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta, quien avanza con la toma de testimonios y pericias médicas.

Organismos de derechos humanos, como la CPM y el CELS, han denunciado obstáculos judiciales para actuar como querellantes y advierten sobre un contexto de retroceso en la prevención de la tortura en cárceles argentinas. El caso ha generado un fuerte impacto social y reavivó el debate sobre la violencia institucional y la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario. Se espera que la investigación avance y se esclarezcan las responsabilidades, mientras las víctimas y sus familias reclaman justicia y garantías de no repetición.