Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito tras la declaración de dos prestamistas que le otorgaron un préstamo de 100.000 dólares en efectivo. El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó testimonio a Graciela Molina y Victoria Cancio, quienes confirmaron haber entregado el dinero en noviembre de 2024, garantizado mediante una hipoteca privada sobre un inmueble en Parque Chacabuco.

Según las declaraciones, Adorni devolvió hasta el momento 30.000 dólares, quedando pendiente una deuda de 70.000 dólares más intereses, a saldarse antes de noviembre próximo. Las prestamistas, madre e hija, justificaron el origen de los fondos como parte de una herencia y juicios laborales ganados por el esposo y padre, respectivamente. Ambas aseguraron que no conocían personalmente al funcionario antes de la operación y que fue la primera vez que trabajaban con la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la transacción.

La fiscalía incorporó al expediente documentación, chats y copias de conversaciones entre las partes para reconstruir la operatoria y verificar la trazabilidad de los fondos. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires aclaró que las operaciones realizadas por funcionarios deben ser reportadas a la Unidad de Información Financiera (UIF), independientemente del monto, y defendió los controles internos del notariado.

Hasta el momento, fuentes judiciales señalaron que no se detectaron irregularidades formales en la operatoria, aunque el foco de la investigación permanece en la justificación patrimonial de Adorni y la correspondencia entre sus ingresos y las propiedades adquiridas. El caso se suma a otras operaciones inmobiliarias previas del funcionario, también bajo análisis por la justicia.

Referentes políticos, como Patricia Bullrich, atribuyeron el silencio público de Adorni a su reciente ingreso en la política y a un estilo personal. La investigación continúa con la expectativa de esclarecer el origen de los fondos y la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, en un contexto de mayor escrutinio sobre las finanzas de los funcionarios públicos.